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Perseguiremos a los defraudadores fiscales con sanciones económicas, la publicación de sus nombres y la limitación temporal al acceso de ayudas y subvenciones públicas

La reforma fiscal del PP de Javier de Andrés es la antesala de los recortes y de la supresión de servicios públicos y pone en riesgo la inversión pública.

La candidata socialista a Diputada General de Álava, Cristina González, ha presentado las propuestas fiscales, de prevención y lucha contra el fraude para que los ciudadanos conozcan los compromisos que asumen los socialistas en una cuestión clave para el mantenimiento de nuestro nivel de vida. “La política fiscal y la prevención y lucha contra el fraude fiscal necesitan rigor, coordinación, fijación de objetivos evaluables y mejora continua”.

Los socialistas consideramos que debemos hacer pedagogía política y no populismo y oportunismo político, prometiendo bajadas de impuestos, para luego subirlos, como ha sido el caso de Mariano Rajoy y de Javier Maroto en Vitoria-Gasteiz.

Nuestra propuesta fiscal es continuación de la que hemos conseguido que se lleve a cabo en el Territorio Histórico de Álava a través de una reforma fiscal que ha supuesto el aumento de la recaudación y, sobre todo, “que no haya argumentos para recortar y suprimir servicios públicos en educación, en sanidad, en atención social, en medidas de incentivación económica o planes de empleo o en inversiones necesarias en infraestructuras hidráulicas o en carreteras”.

Los socialistas también se han pronunciado acerca de la prevención y lucha contra el fraude fiscal. “Queremos un modelo fiscal justo y progresivo para mantener servicios públicos y las inversiones, pero también pretendemos que nadie se escape de la contribución que todos/as tenemos que hacer. “Queremos impedir que los defraudadores fiscales, auténticos depredadores de lo público, se aprovechen y queden impunes”.

El PSE-EE de Álava propone que los datos fiscales de los cargos públicos sean inspeccionados y objetivamente certificados por la Hacienda foral alavesa. Entre las medidas a destacar:

Potenciar el trabajo conjunto de la Comisión de Lucha contra el Fraude que debe determinar el concepto de fraude, su cuantificación, la contabilización de lo recaudado y la homogenización del procedimiento sancionador y el cómputo de su abono.

Junto a las sanciones pecuniarias queremos impulsar las no pecuniarias, es decir, la limitación en el acceso a ayudas y subvenciones de las administraciones públicas durante un período temporal.

Otra de las propuestas es la elaboración de una metodología específica e incremento de la inspección a las empresas y grandes empresas, que es donde más fraude se detecta y menos se recupera.

También el aumento progresivo del personal de gestión e inspección en función del incremento en el número de actuaciones de comprobación, inspección y cobro.

Los socialistas consideramos que se debe crear un calendario de implantación progresiva de la interconexión automática de los diferentes modelos de declaraciones tributarias y también la fijación de objetivos contables y evaluables anualmente de actuaciones de gestión, de inspección, cobro de la deuda tributaria y pago de sanciones.

“Queremos dedicar el 10% del fraude detectado y recuperado a aumentar la plantilla de los servicios de gestión e inspección de hacienda y a la modernización de los sistemas informáticos.

Proponemos impulsar la interconexión informática tributaria entre la hacienda foral y los servicios municipales para aprovechar los medios personales y las herramientas informáticas, mejorando la recaudación de las entidades locales y la lucha contra los impagos y el fraude”.

Por último, Cristina González ha destacado el Plan de inspección anual de cargos públicos: la certificación fiscal de estar al corriente de las obligaciones tributarias. “Quiero hacer hincapié en esta medida que hemos presentado varias veces en Juntas Generales y que no ha concitado el apoyo mayoritario. Creemos que es necesario, para dar tranquilidad a los ciudadanos y prestigio a los que dedicamos por un tiempo a la política, que nuestros datos fiscales sean inspeccionados y objetivamente certificados por la hacienda foral alavesa. Con esto lograremos que muchas dudas que surgen sobre la actividad y decisiones políticas se clarifiquen más rápido”.