El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la resolución en la que se declara a Vitoria-Gasteiz como zona de mercado residencial tensionado. Este paso completa el procedimiento iniciado con la publicación de la orden en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), el pasado 29 de septiembre, y activa desde mañana las medidas previstas en la Ley Estatal de Vivienda.
“Con esta resolución del Boletín Oficial del Estado se culminan todos los trámites para la calificación de Vitoria-Gasteiz como zona de mercado residencial tensionado por un periodo de 3 años. Gracias a esta medida va a ser posible la aplicación de una batería de políticas públicas orientadas a corregir las disfunciones del mercado y a ampliar la oferta residencialaccesible”, ha explicado Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria-Gasteiz.
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha subrayado que “la figura de zona tensionada se ha consolidado como un instrumento útil al servicio de la igualdad de acceso a la vivienda y una herramienta efectiva para contener el alza de los alquileres”. Itxaso ha destacado que “no se trata únicamente de regular el mercado, sino de acompañar esa regulación con inversión pública, movilización de vivienda vacía y construcción de vivienda protegida en alquiler, porque solo así lograremos equilibrar la oferta y la demanda”. Según el consejero, “el objetivo final es salir del tensionamiento, pero mientras tanto nuestra obligación es proteger a las familias inquilinas sometidas hoy a una auténtica ley inmobiliaria de la selva”.
Plan de acción en Vitoria-Gasteiz
La declaración de la capital vasca como zona tensionada tendrá una duración inicial de tres años y permitirá la aplicación de un plan de choque en materia de vivienda estructurado en cinco ejes. El primero de ellos consistirá en la construcción de vivienda protegida, con un total de 2.975 nuevas viviendas, de las cuales 1.592 (el 53%) serán de alquiler protegido levantadas por el Ejecutivo vasco. Entre ellas se incluyen 950 viviendas de iniciativa pública que el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento promoverán en Zabalgana, Salburua, Ibaiondo y Abetxuko y las 679 en Arkaiate y Larrein, fruto del convenio firmado entre ambas instituciones en febrero del año pasado. A estas se sumarán 1.383 viviendas destinadas a promoción de vivienda social y tasada impulsadas por la iniciativa privada.
“Lo que nos pide la ciudadanía es que actuemos: pide que el mercado de la vivienda opere con la ley de la razón, de la justicia social, no la ley de la selva; pide evitar que fondos buitre también especuladores hagan y deshagan a su antojo. Lo que nos pide es que blindemos el parque público de vivienda, que construyamos más y mejor vivienda pública; que actuemos y regulemos el mercado; y que demos más y mejores ayudas para garantizar el acceso”, ha remarcado Etxebarria.
El segundo eje será la limitación del precio de los alquileres. La declaración afectará al 97,92% de la población del municipio, incluidas las entidades locales menores de Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Betoño, Ali y Gardélegui. Esta medida permitirá aplicar los topes previstos en la Ley de Vivienda. Actualmente, la limitación del precio del alquiler es ya plenamente efectiva en el 90% de los contratos, mientras que el 10% restante —grandes tenedores, viviendas que se alquilan por primera vez o que no han estado alquiladas en los últimos cinco años— quedará vinculado al índice de referencia específico que está siendo desarrollado por el EUSTAT y que, según las previsiones, estará disponible durante el primer semestre de 2026.
El tercer eje del plan se centrará en la rehabilitación y regeneración urbana, manteniendo y reforzando las ayudas económicas destinadas a mejorar la eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad de viviendas y edificios residenciales. Un ejemplo destacado es la actuación de regeneración urbana en Zaramaga, en la que participan 322 viviendas distribuidas en 22 portales y que supone una inversión total de 31,5 millones de euros procedentes de fondos autonómicos y municipales, a los que se sumará la aportación de la comunidad vecinal, cercana a 2,9 millones.
El cuarto eje recogerá medidas fiscales para movilizar vivienda vacía. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aplica actualmente un recargo del 50% del IBI a las viviendas deshabitadas, medida que podrá ser complementada con nuevas fórmulas fiscales orientadas a fomentar su incorporación al mercado del alquiler asequible. Asimismo, se mantendrán las bonificaciones vigentes en el ICIO en actuaciones vinculadas a la construcción de VPO, rehabilitación energética o eliminación de barreras arquitectónicas, tal y como quedó recogido en el convenio firmado en febrero de 2024, que situó la bonificación en la cuota en el 95%.
El quinto y último eje impulsará nuevas soluciones residenciales destinadas a responder a necesidades específicas de vivienda. En este marco se incluye la habilitación de locales en planta baja para uso residencial y el desarrollo de fórmulas de alojamiento transitorio destinadas a jóvenes, personas mayores y colectivos vulnerables, con el fin de ampliar la respuesta pública ante la demanda real de vivienda en la ciudad.
La actualización del BOE incorpora también a Bilbao, Astigarraga y Usurbil a la lista estatal de zonas tensionadas. De este modo, las tres capitales vascas —Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián— aplican ya las medidas presentadas en sus respectivos marcha planes de acción trienales para ampliar la oferta de vivienda asequible y frenar la presión en el mercado habitacional. Además, el Gobierno Vasco anuncia que existe ya una treintena de municipios identificados como potencialmente tensionados, cuyos expedientes se encuentran en fase de evaluación.
Con la incorporación de estos cuatro nuevos municipios, el 47,7% de la población de Euskadi reside actualmente en zonas declaradas tensionadas, porcentaje que superará el 50% en los próximos meses con la incorporación prevista de Lezo, Zestoa, Arrasate-Mondragón, Tolosa y Hernani, cuyos trámites administrativos están en curso.
El Gobierno Vasco reafirma con esta decisión su compromiso de garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible a toda la ciudadanía vasca, reforzando la cooperación interinstitucional con ayuntamientos y diputaciones y activando medidas concretas frente a las tensiones del mercado residencial en Euskadi.
