Los socialistas alaveses han asegurado que agotarán todas las vías posibles para que no pueda reabrirse la Central Nuclear de Santa María de Garoña.
Tras conocerse el informe que avala la reapertura de la central nuclear a cambio de nuevas mejoras de seguridad y antes de que se pronuncia Nuclenor en última instancia, el Partido Socialista de Álava, a través de las diferentes instituciones, va a trabajar para impedir que Garoña vuelva a funcionar.
Para lograr este objetivo, la primera medida será llevar esta cuestión a los tribunales europeos, para que dictaminen la obligatoriedad del informe de impacto ambiental a la hora de proceder a la reapertura, “ya que el PP, por decreto, se ha saltado este importante y necesario trámite. En caso de que sea obligatorio, el Gobierno del PP deberá cumplir con este mandato”- afirma Cristina González, Secretaria General del PSE-EE de Álava.
Según los socialistas alaveses, “el PP nada contra corriente en materia energética cuando el resto de países de la UE apuestan por un nuevo modelo energético”. Es el caso de Alemania, donde apuestan por el apagón nuclear o Francia, que acaba de aprobar su ley de transición energética, que reducirá del 75 al 50% la producción de electricidad proveniente de centrales nucleares en el horizonte 2025.
Mientras, “en España el PP apuesta por la energía nuclear y por la reapertura de Garoña, una central más que amortizada y obsoleta que no aporta nada al sobredimensionado sistema eléctrico estatal y que supone un verdadero riesgo para los municipios y ciudadanos”- asegura González.
Por otro lado, el PSE conocerá si se cuenta con el permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para el uso de las aguas.
Recuerda que la central de Garoña produce energía gracias a una concesión de aprovechamiento del agua del río Ebro otorgada por la CHE en 1971 y en este sentido, el artículo 66 de la Ley de Aguas señala que “el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos”.
Teniendo en cuenta que el cierre oficial de la central tuvo lugar el 6 de julio de 2013, la caducidad se produjo hace ya más de medio año.
El PSE ha afirmado que trabajará en todas las vías posibles, tanto política como jurídicamente para impedir la reapertura de la central nuclear de Garoña.
