El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha presentado una iniciativa para impulsar políticas que integren a los jóvenes migrantes en el entorno rural. El nivel de inmigración en Álava, que tiene el 15,1% de la población total del País Vasco alcanza ya el 17,8% de los ciudadanos de origen extranjero, un colectivo que ha demostrado su capacidad para integrarse y contribuir al desarrollo de nuestros pueblos y del sector agrícola y ganadero. Por ello, la senadora socialista por Álava, Paula Somalo, cree esencial continuar avanzando en políticas que refuercen su desarrollo vital como miembros de pleno derecho de nuestra sociedad.

“Los jóvenes migrantes juegan un papel esencial en el desarrollo económico y social del entorno rural de Álava. Su compromiso, esfuerzo y dedicación impulsan el cambio y el progreso y contribuyen a revitalizar sectores como la agricultura, la ganadería y otros aspectos de la economía local. Su diversidad cultural enriquece el tejido social, fomenta la tolerancia, el entendimiento y la inclusión en nuestras poblaciones y desde el PSE-EE valoramos profundamente la valiosa contribución de los jóvenes migrantes al crecimiento y bienestar de nuestras comunidades porque son agentes clave en la transformación positiva de sus entornos de acogida”.

Según Somalo, la migración de personas jóvenes hacia áreas rurales “presenta una oportunidad para revitalizar y fortalecer estas comunidades, así como para contrarrestar la despoblación y el envejecimiento demográfico”.  El nivel de inmigración en Álava, que tiene el 15,1% de la población total del País Vasco alcanza ya el 17,8% de los ciudadanos de origen extranjero, un colectivo que ha demostrado su capacidad para integrarse y contribuir al desarrollo de nuestros pueblos y del sector agrícola y ganadero y por ello, “creemos esencial continuar avanzando en políticas que refuercen su desarrollo vital como miembros de pleno derecho de nuestra sociedad”. 

En la moción presentada, la Comisión de Juventud e Infancia del Senado insta al Gobierno a fomentar la colaboración entre administraciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para continuar trabajando en el desarrollo de políticas y prácticas inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos laborales de los jóvenes migrantes en el ámbito rural. 

También propone seguir impulsando medidas específicas para mejorar el acceso de los jóvenes migrantes a servicios básicos como vivienda asequible, educación, atención médica y transporte público en zonas rurales, con el fin de garantizar condiciones de vida dignas y promover su participación activa en la vida comunitaria. 

Según Paula Somalo, fomentar la colaboración entre administraciones públicas y organizaciones sociales es fundamental para “promover la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos de estos jóvenes, impulsar políticas para mejorar su acceso a servicios básicos así como contribuir a su participación en la vida comunitaria”.

Por último, la iniciativa presentada propone avanzar, en colaboración con otras administraciones, en el desarrollo de mecanismos de monitoreo y evaluación para seguir de cerca la efectividad de las políticas y programas destinados a favorecer la inserción de jóvenes migrantes en el mundo rural, con el fin de identificar buenas prácticas, abordar desafíos emergentes y garantizar resultados positivos a largo plazo.