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El fraude en las ayudas sociales solo supuso el 0,38% de los más de 10 millones concedidos en 2020
Jon Armentia: "El fraude es muy residual, son muy pocas las familias que incumplen los requisitos y gracias al trabajo del personal municipal cada vez detectamos con mayor celeridad estas irregularidades".
El fraude en las ayudas sociales en 2020 fue de 38.998 €, lo que representa solo un 0,38% de los 10.258.215 € concedidos ese año por el departamento municipal de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia.
Este dato viene recogido en la última evaluación del Protocolo de Gestión y Control de los Recursos Sociales “redactado en 2015 para evitar, detectar y sancionar actuaciones fraudulentas o abusivas en la tramitación y gestión de estas ayudas mediante la actuación coordinada de los departamentos municipales implicados”, recuerda el concejal de servicios sociales Jon Armentia.
Según este balance, 4.330 familias solicitaron Ayudas de Emergencia Social (AES) o prestaciones municipales (AMUS). A 79 de estas familias se les denegó o suspendió la ayuda por actuaciones fraudulentas entre las que destacan la ocultación de datos; no residir en la vivienda para la que solicitaron la prestación o no comunicar cambios en su situación de necesidad, entre otras. De todas estas familias, 50 no volvieron a recibir prestaciones económicas en 2020 mientras que las demás sí cobraron alguna ayuda porque tenían derecho a percibirla en una cuantía menor a la solicitada inicialmente.
Atendiendo a estos datos, la situación de fraude es muy baja pues apenas implica a un 1,8% de las familias. Este porcentaje es igual al registrado en 2019, aunque si la referencia es el fraude sobre el presupuesto destinado a las ayudas entonces se registra un descenso, bajando del 0,55% de 2019 al 0,38% del año pasado.
Según explica Armentia, “desde hace tiempo venimos asistiendo a una continua reducción del fraude que se sitúa en cotas mínimas. Es muy residual. Son muy pocas las familias que incumplen los requisitos y además, gracias al trabajo del personal municipal y al intercambio de datos entre departamentos y administraciones, cada vez detectamos con mayor celeridad estas irregularidades, lo que nos permite suspender las prestaciones”.
En este sentido, departamentos y servicios municipales como los de Hacienda, Seguridad Ciudadana, Padrón, Promoción Económica, etc.; la Administración General del Estado; Gobierno Vasco; Diputación Foral de Alava; la Seguridad Social; el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) o el Colegio de Registradores colaboran con el departamento de Políticos Sociales, Personas Mayores e Infancia mediante el traslado de la información necesaria para la gestión y revisión de las ayudas.
Reclamación de cuantías
Además del fraude detectado en el proceso de la tramitación de las ayudas también figuran otras situaciones que no tienen esa consideración inicial pero que conllevan, asimismo, una actuación municipal para recuperar las cuantías cobradas irregularmente.
Son los casos de los procedimientos de reintegro reclamados a familias que no han justificado el gasto correspondiente a la ayuda recibida, tal y como le obliga la ley, o que han cometido otros incumplimientos.
Estos procedimientos se inician en recaudación voluntaria pero pueden terminar en recaudación ejecutiva si no se reintegran las ayudas recibidas indebidamente. En tal caso, el proceso se demora hasta los dos años.
Atendiendo a estos plazos, el último dato de las cuantías reclamadas por el Ayuntamiento corresponde al ejercicio 2019 en el que las arcas municipales recuperaron 481.148 €.
