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Jon Nogales: “El debate sobre las carreteras no es si pagamos o no pagamos para mantenerlas, sino qué sistema podemos implantar para hacerlo de manera eficiente, sostenible y equitativa”

Según el portavoz socialista en Juntas Generales de Álava “la Ponencia de Juntas Generales nos da la oportunidad de trabajar consensos y hacer mucha pedagogía para que un debate sereno nos permita explicar e informar a la ciudadanía de las decisiones que tomemos”

Hoy ha tenido lugar la segunda sesión de la Ponencia que están celebrando las Juntas Generales de Álava acerca del modelo de financiación y gestión de las vías de alta capacidad del Territorio. En ella han intervenido Charo Cornejo, Presidenta de la Asociación Técnica de la Carreteras (ATC), y José Manuel Blanco, Presidente del Comité de Financiación (ATC).

Ambos han destacado ante los grupos Junteros la importancia de celebrar esta Ponencia con previsión, ya que en Álava tenemos como horizonte noviembre de 2026, fecha en que la Diputación alavesa deberá hacerse cargo de la financiación y gestión de la AP-68.

Es ineludible abordar la financiación de las carreteras porque es necesario destinar un presupuesto estable mínimo dedicado a la conservación de las carreteras suficiente para atender las necesidades presentes y futuras- ha afirmado Charo Cornejo.

Los ponentes también han coincidido en que el modelo convencional basado principalmente en recursos de los Presupuestos Públicos está agotado. En palabras de José Manuel Blanco, “El ‘pago por contribuyente’ está agotado y debe entrar en acción el nuevo modelo de ‘pago por usuario’ con cuantas matizaciones, fases escalonadas y consideraciones económico-sociales sean necesarias a la hora de establecer la tarificación”.

Partiendo de esta idea de que “quien usa paga” y “quien contamina paga”, los ponentes han ofrecido muchos e interesantes datos sobre la política europea de tarificación de infraestructuras viarias, los impedimentos legales y jurídicos, los diferentes sistemas de financiación de pago por uso, así como las diferentes soluciones tecnológicas para aplicar en las diferentes carreteras de pago. Muchas decisiones que hay que plantearse a la hora de tomar las decisiones de futuro.

Teniendo en cuenta que solo el 12% del conjunto de la red foral acoge al 75% de todo el tráfico de personas y mercancías, han realizado una estimación por la que si se cobra 0,01 € / km a vehículos ligeros y 0,02 a pesados en la AP-1 y AP-68, la Diputación podría recaudar anualmente 39 millones de euros.

Si además ese cobro se extendiera a todas las autovías alavesas la recaudación ascendería a 59 millones de euros al año.

Respecto a la financiación, consideran que hay que tener en cuenta que la red de carreteras tiene que tener una sostenibilidad económica y medioambiental, invirtiendo en firmes, “no solo para una mejor conservación de la red, sino también para evitar más emisiones a la atmósfera”.

Según Jon Nogales, portavoz del Grupo Juntero Socialista, “la creciente exigencia inversora que nos marca Europa en materia de conservación, mantenimiento y seguridad de las carreteras de la Red Transeuropea nos va a obligar a todos los grupos políticos a tomar decisiones, y de hacerlo con una visión no sólo de cubrir necesidades, sino de las oportunidades que el establecimiento de un sistema de pago moderno eficiente, sostenible y equitativo nos daría para poder mejorar los servicios de la red. De ofrecer más y mejores servicios en las carreteras que potencien a Álava como nodo logístico”.

Ante las preguntas formuladas por los grupos en relación a cuál sería el modelo ideal de tarificación para Álava, tanto Cornejo como Blanco han coincidido en señalar que cada administración titular de una red de carreteras ha de saber encontrar su propio camino y determinar la solución que mejor se adapte a su contexto, objetivos, metas y posibilidades, aceptando el hecho de que no hay soluciones mágicas y universales que resuelvan todos los problemas y no hallen contestación de alguna de las partes interesadas”.

Soluciones que para el portavoz socialista requerirán de un debate “constructivo” y “sereno”, para el cual “La ponencia de Juntas Generales nos da la oportunidad de trabajar consensos y hacer mucha pedagogía para que un debate sereno nos permita explicar e informar a la ciudadanía las decisiones que tomemos”.

 

 

 

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