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Jon Nogales: “El sistema de pago por uso que implantemos en las carreteras de Álava debe formar parte de una estrategia de país, que nos permita converger a un sistema de gestión integrado, buscando la máxima eficiencia en la inversión y en la gestión”

Las Juntas Generales han celebrado la cuarta sesión de la Ponencia sobre la gestión y financiación de las carreteras alavesas

En la cuarta sesión de la Ponencia que están celebrando las Juntas Generales de Álava acerca del modelo de financiación y gestión de las vías de alta capacidad del Territorio han intervenido José Manuel Vassallo, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y Miembro del Centro de Investigación del Transporte y Juan José Álvarez, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

En su intervención, José Manuel Vassallo ha asegurado que se va a imponer el pago por uso de las carreteras, un sistema que garantiza una fuente de recursos estables para las carreteras “ya que cada vez las infraestructuras tienen menos peso político y los recursos se trasladan a otras prioridades como la sanidad o la educación”.

Considera que este sistema permite ganar una mayor eficiencia en la gestión de recursos, no obstante, en la situación concreta de Álava ha mostrado un inconveniente y es que, al ser un Territorio de pequeño tamaño, “la implantación del pago por uso puede llevar a unos costes elevados para el nivel de ingresos que se puedan obtener”.

En el caso de Gipuzkoa ya se ha aplicado este sistema y recomienda que podamos consorciarnos con otros Territorios para su aplicación. “Lo ideal sería ampliarlo no solo a Euskadi, sino a España y Europa, con el objetivo de aspirar a tener una factura única”.

Según Vassallo, al hablar de Consorcio es importante aprovecharse de las ventajas de esa unidad, pensando en el interés de quienes tienen que pagar al final y respetando la competencia que es distinta en cada Territorio. “Respetar la diversidad y aprovechar las ventajas que ofrece la unidad”.

Contratar un sistema tecnológico común en Euskadi es más barato que si tiene que contratarlo solo Álava, además de la ventaja para el usuario de no contar con diferentes sistemas tecnológicos al circular por uno u otro territorio”.

Respecto a la aplicación de las directivas europeas que regulan el pago por uso de las infraestructuras y la inversión en seguridad, el portavoz socialista en Juntas Generales, Jon Nogales, recuerda: Las directivas europeas nos exigen aumentar los sistemas de seguridad y nos indican que debemos tarificar de alguna forma el uso de las carreteras. Europa nos da unos criterios para imputar esos costes al beneficiario, pero no va a decidir por nosotros. Nos toca a nosotros tomar esas decisiones aquí, en las Juntas Generales, es nuestra responsabilidad. Todos los expertos coinciden en la oportunidad que tenemos aquí y ahora para definir un sistema en Álava, y de hacerlo aprovechando sinergias a nivel de Euskadi e incluso con otros territorios vecinos, buscar integración y eficiencias en las inversiones y en la gestión, avanzando en una estrategia de país”.

Por su parte, Juan José Álvarez, quien se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo respecto a la situación tarifaria y los peajes en Gipuzkoa, la cual estimaba que concurría en discriminación indirecta, ha hecho hincapié en la prospección y seguridad jurídica de los posibles modelos de gestión que se evalúen.

En relación a las alternativas tarifarias entre diferentes tipos de usuarios, Nogales considera que la Ponencia está poniendo en evidencia la necesidad de trabajar en un acuerdo “entre todos/as” para poner las bases de la futura gestión y financiación de las carreteras alavesas. “Necesitamos determinar una forma justa y equilibrada de repartir el coste de mantenimiento de las infraestructuras entre los diferentes usuarios. Álava es un Territorio de paso obligado en el transporte de mercancías entre la península y el resto de Europa. Debemos analizar fórmulas para imputar los costes de mantenimiento de las infraestructuras a los beneficiarios reales de ese uso, teniendo en cuenta toda la cadena de valor del transporte, desde el cargador hasta el consumidor final de los bienes”.

Respecto a la situación jurídica de la Norma de Gipuzkoa, Nogales considera que “la experiencia de Gipuzkoa nos enseña que debemos definir y justificar muy bien los criterios con los que discriminar la imputación de los costes en el pago por uso de las carreteras, con seguridad jurídica”.

La Ponencia que se está celebrando en Juntas Generales continuará el próximo día 19 de abril con las comparecencias de Miguel Mayorga, Doctor en Gestión del Territorio e Infraestructuras del Transportes de la Universidad Politécnica de Cataluña, y José Luis Ordóñez, Ex-Director General de Movilidad de la Junta de Andalucía).

 

 

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